SOCIEDAD
El Defensor del Pueblo tramitó 1.482 quejas de Castilla y León el pasado año, un 51,6% más que en 2007
ICAL / Valladolid
El Defensor del Pueblo tramitó el pasado año un total de 1.482 quejas procedentes de Castilla y León frente a las 977 de 2007, lo que representa un incremento del 51,6 por ciento. De ellas, 990 procedimientos correspondieron a expedientes individuales y 492 a quejas colectivas. Ambas aumentaron ya que hace dos años fueron 791 y 186, respectivamente, según recoge la memoria que la institución elabora anualmente para informar de su actividad a las Cortes.
Las quejas con origen en Castilla y León representan el 6,36 por ciento del total nacional. Por provincias, León fue la que más recurrió al Defensor del Pueblo puesto que presentó un total de 415, seguido de Valladolid (372) y Burgos (215). En Salamanca se contabilizaron 152 quejas el pasado año; 82 en Palencia; 76 en Ávila; 73 en Segovia; 58 en Zamora y 39 en Soria. Además, ante la Junta de Castilla y León los expedientes individuales sumaron 33 en 2008 aunque de ellos 19 se encuentran todavía en trámite.
Por ello, en 2008 ascendieron a 14 los expedientes, que presentados ante la Junta, fueron resueltos en la Comunidad –un 55,5 por ciento- y a 333 en el conjunto del país. El Defensor del Pueblo dictaminó en dos de ellos que la actuación de la Junta de Castilla y León fue correcta; en otras cuatro consideró que el daño ocasionado o el derecho lesionado podía subsanarse y en otros tres lo contrario. Además, otros cinco expedientes las conclusiones figuran en el epígrafe de “sin determinar” de esta institución.
La institución inició el pasado ejercicio en todo el territorio nacional 23.899 expedientes de queja, un 37,56 por ciento más que hace dos años. Además, registró una cifra elevada de quejas colectivas en materia de hacienda y gestión tributaria y de individuales relacionadas con las telecomunicaciones. Asimismo, numerosos funcionarios y empleados públicos acudieron a este organismo para defender cuestiones que afectan a su estatus y condiciones de trabajo. Del total de quejas recibidas, admitió a trámite el 53,38 por ciento y formuló 432 resoluciones.
Quejas colectivas
El conjunto de quejas colectivas tramitadas en 2008 generó un total de 7.842 expedientes. Las quejas planteadas por un número significativo de ciudadanos correspondieron en Castilla y León a: 4.500 vecinos de Briviesca (Burgos), que solicitaron atención para un vecino de dicha población condenado a seis años de prisión; 442 afectados por una supuestas irregularidades en las obras de construcción de la Variante de Pajares, de la línea de alta velocidad que unirá la Comunidad con el Principado de Asturias.
También 300 miembros de distintas cooperativas agrícolas de la provincia de León recurrieron a la institución para expresar su rechazo al acuerdo marco interprofesional de la campaña de remolacha azucarera y a 630 vecinos de Rascafría (Segovia) y diversos concejales del ayuntamiento, que manifestaron su disconformidad con el proyecto de instalación de una estación de bombeo de aguas residuales por el Canal de Isabel II.
Quejas de oficio
Durante el ejercicio 2008, la institución ha actuado de oficio en 253 ocasiones, lo que supone mantener prácticamente el incremento experimentado en 2007. De ellas, en el apartado de medio ambiente, la saturación y el aumento de los desechos en los vertederos de residuos urbanos de Castilla y León obligó a actuar al Defensor del Pueblo en la Comunidad aunque en 2008 también inició de oficio otros cuatro expedientes en Canarias, Galicia, Murcia y Valencia.
Recomendaciones y sugerencias
A lo largo de 2008, el Defensor del Pueblo formuló un total de 125 recomendaciones y 190 sugerencias. A cierre del informe anual habían sido admitidas 58 recomendaciones y 74 sugerencias, entre ellas, las primeras figura la realizada a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la Consejería de Medio Ambiente sobre el cómputo del plazo de prescripción de las sanciones administrativas y al Ayuntamiento de Lerma (Burgos).
Las sugerencias de la institución también fueron admitidas en la Comunidad por la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. El Defensor del Pueblo solicitó que se resolviera favorablemente la solicitud de revocación de la resolución de expulsión presentada por un individuo de manera urgente dado que era padre de una menor de edad de nacionalidad española. También atendió lo planteado la Consejería de Educación sobre el deber legal que le incumbe de ordenar los procedimientos administrativos, con el impulso y la celeridad necesarios, en los términos que establecen los artículos 74 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, también aceptaron lo sugerido los ayuntamientos de Fariza (Zamora), Onzonilla (León), Tordesillas (Valladolid), Valmala (Burgos) y el Colegio de Abogados de Palencia.
Administraciones entorpecedoras
Finalmente, la memoria también recoge la relación de órganos y unidades de las distintas administraciones que no dieron adecuada respuesta a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, incumpliendo, por tanto, la obligación de colaboración de los poderes públicos con esta Institución “con carácter urgente y preferente”. Así figura en la lista los ayuntamientos de Burgos, Gordoncillo (León). Además, no fueron contestadas las quejas formuladas contra los consistorios de La Cañada (Ávila), Madrigalejo de Monte y Valmala (Burgos), Mucientes (Valladolid), Vitigudino (Salamanca) y la Diputación Provincial de Zamora.
El Defensor del Pueblo tramitó el pasado año un total de 1.482 quejas procedentes de Castilla y León frente a las 977 de 2007, lo que representa un incremento del 51,6 por ciento. De ellas, 990 procedimientos correspondieron a expedientes individuales y 492 a quejas colectivas. Ambas aumentaron ya que hace dos años fueron 791 y 186, respectivamente, según recoge la memoria que la institución elabora anualmente para informar de su actividad a las Cortes.
Las quejas con origen en Castilla y León representan el 6,36 por ciento del total nacional. Por provincias, León fue la que más recurrió al Defensor del Pueblo puesto que presentó un total de 415, seguido de Valladolid (372) y Burgos (215). En Salamanca se contabilizaron 152 quejas el pasado año; 82 en Palencia; 76 en Ávila; 73 en Segovia; 58 en Zamora y 39 en Soria. Además, ante la Junta de Castilla y León los expedientes individuales sumaron 33 en 2008 aunque de ellos 19 se encuentran todavía en trámite.
Por ello, en 2008 ascendieron a 14 los expedientes, que presentados ante la Junta, fueron resueltos en la Comunidad –un 55,5 por ciento- y a 333 en el conjunto del país. El Defensor del Pueblo dictaminó en dos de ellos que la actuación de la Junta de Castilla y León fue correcta; en otras cuatro consideró que el daño ocasionado o el derecho lesionado podía subsanarse y en otros tres lo contrario. Además, otros cinco expedientes las conclusiones figuran en el epígrafe de “sin determinar” de esta institución.
La institución inició el pasado ejercicio en todo el territorio nacional 23.899 expedientes de queja, un 37,56 por ciento más que hace dos años. Además, registró una cifra elevada de quejas colectivas en materia de hacienda y gestión tributaria y de individuales relacionadas con las telecomunicaciones. Asimismo, numerosos funcionarios y empleados públicos acudieron a este organismo para defender cuestiones que afectan a su estatus y condiciones de trabajo. Del total de quejas recibidas, admitió a trámite el 53,38 por ciento y formuló 432 resoluciones.
Quejas colectivas
El conjunto de quejas colectivas tramitadas en 2008 generó un total de 7.842 expedientes. Las quejas planteadas por un número significativo de ciudadanos correspondieron en Castilla y León a: 4.500 vecinos de Briviesca (Burgos), que solicitaron atención para un vecino de dicha población condenado a seis años de prisión; 442 afectados por una supuestas irregularidades en las obras de construcción de la Variante de Pajares, de la línea de alta velocidad que unirá la Comunidad con el Principado de Asturias.
También 300 miembros de distintas cooperativas agrícolas de la provincia de León recurrieron a la institución para expresar su rechazo al acuerdo marco interprofesional de la campaña de remolacha azucarera y a 630 vecinos de Rascafría (Segovia) y diversos concejales del ayuntamiento, que manifestaron su disconformidad con el proyecto de instalación de una estación de bombeo de aguas residuales por el Canal de Isabel II.
Quejas de oficio
Durante el ejercicio 2008, la institución ha actuado de oficio en 253 ocasiones, lo que supone mantener prácticamente el incremento experimentado en 2007. De ellas, en el apartado de medio ambiente, la saturación y el aumento de los desechos en los vertederos de residuos urbanos de Castilla y León obligó a actuar al Defensor del Pueblo en la Comunidad aunque en 2008 también inició de oficio otros cuatro expedientes en Canarias, Galicia, Murcia y Valencia.
Recomendaciones y sugerencias
A lo largo de 2008, el Defensor del Pueblo formuló un total de 125 recomendaciones y 190 sugerencias. A cierre del informe anual habían sido admitidas 58 recomendaciones y 74 sugerencias, entre ellas, las primeras figura la realizada a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la Consejería de Medio Ambiente sobre el cómputo del plazo de prescripción de las sanciones administrativas y al Ayuntamiento de Lerma (Burgos).
Las sugerencias de la institución también fueron admitidas en la Comunidad por la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. El Defensor del Pueblo solicitó que se resolviera favorablemente la solicitud de revocación de la resolución de expulsión presentada por un individuo de manera urgente dado que era padre de una menor de edad de nacionalidad española. También atendió lo planteado la Consejería de Educación sobre el deber legal que le incumbe de ordenar los procedimientos administrativos, con el impulso y la celeridad necesarios, en los términos que establecen los artículos 74 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, también aceptaron lo sugerido los ayuntamientos de Fariza (Zamora), Onzonilla (León), Tordesillas (Valladolid), Valmala (Burgos) y el Colegio de Abogados de Palencia.
Administraciones entorpecedoras
Finalmente, la memoria también recoge la relación de órganos y unidades de las distintas administraciones que no dieron adecuada respuesta a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, incumpliendo, por tanto, la obligación de colaboración de los poderes públicos con esta Institución “con carácter urgente y preferente”. Así figura en la lista los ayuntamientos de Burgos, Gordoncillo (León). Además, no fueron contestadas las quejas formuladas contra los consistorios de La Cañada (Ávila), Madrigalejo de Monte y Valmala (Burgos), Mucientes (Valladolid), Vitigudino (Salamanca) y la Diputación Provincial de Zamora.
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